Un Gobierno pro muerte.

Se trata de destruir los valores compartidos por la sociedad española y sustituirlos por otros.

El presidente del Gobierno carece de un proyecto político para encarar la crisis política y económica. Ante lo que se avecina, se refugia en su proyecto, de vocación totalitaria, de trasformar el ser moral de la Nación. Estas son sus propuestas de lujo: más aborto, eutanasia más o menos encubierta, laicismo antiliberal y voto inmigrante. Ignoro si es una maniobra de distracción, pero, en ese caso, el humo de la cortina sería más tóxico que la crisis económica que se intenta ocultar.

La concesión del voto municipal a los inmigrantes es electoralismo en estado puro. Deberían exigirse algunos requisitos de integración, y, desde luego, la reciprocidad. El Gobierno no impulsa el laicismo, sino un ensayo de cercenar la libertad religiosa, que, además, entraña la injusticia de tratar de manera igual lo que es desigual.

Pero lo más llamativo de todo, que no, desde luego, sorprendente, es el radicalismo contra la vida. El Gobierno sabe que una ley de plazos atenta contra la Constitución, pero también conoce el estado del Tribunal Constitucional. La hipocresía de la ley de plazos es evidente: se considera que existe un derecho a matar al embrión hasta cierto día. A partir de él, se convierte en un delito. Maravillas jurídicas que produce el tamaño del ser humano. Sólo sería lícito matar lo pequeño. Ya ha empezado la monserga falaz: la existencia de dos derechos en conflicto, el del embrión a la vida, y el de la libertad de la madre a decidir matarlo; o la bienintencionada apelación a la crueldad de la cárcel (al parecer, también depende del tamaño de la víctima). Por mi parte, la cosa no es muy difícil: el aborto voluntario es siempre inmoral. Además, no debe ser autorizado por el Derecho en ningún caso, pero, en algunos, cabe no aplicar la pena y atender a las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. Además, existen otras penas que no consisten en la privación de libertad. En suma: prohibición y penas muy benignas, según los casos. Decir que ninguna mujer tiene derecho a abortar no es lo mismo que decir que deba ir a la cárcel por hacerlo.

En su decisión de ocultar la realidad y enmascararla bajo el eufemismo, no se hablará de eutanasia, sino de regular los cuidados paliativos de enfermos terminales. Como si eso no estuviera regulado ya. De momento el doctor Montes ya sienta cátedra en la Menéndez Pelayo. Triste andará don Pedro Salinas. La dignidad no pertenece a la muerte, sino a la persona y a su vida.

Este Gobierno pro muerte parece dar más valor a la autonomía individual que a la vida. Por lo demás, estas reformas anunciadas son, además de improcedentes, inconstitucionales y, en el caso de que no lo fueran, requerirían el consenso entre los dos grandes partidos. El presidente sigue empeñado en esquilmar los caladeros radicales, mientras se olvida, salvo en algún arranque de falsa retórica, de los pobres y los marginados. Acaso haya estudios sociológicos que revelen que los pobres practican la abstención política. Aunque se tratara de maniobras de distracción, a mí me entristece que la muerte pueda atraer votos.

A esto se reduce el programa del Gobierno: ampliar el aborto, retirar los crucifijos y regular los cuidados paliativos. Pero no hay nada improvisado o casual: se trata de destruir los valores compartidos por la sociedad española y sustituirlos por otros. ¿Maldad o ignorancia? Sócrates pensaba que son la misma cosa.

Ignacio Sánchez Cámara

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