No más sangre inocente.

Trituradoras industriales ocultas bajo el mostrador de recepción de la clínica o junto a la sala de espera de las mujeres, para deshacerse de los cuerpos de los fetos-bebé de más de 24 semanas de gestación; desagües atascados por los restos humanos; señoras de la limpieza que administran fármacos o friegan ellas mismas los bisturíes; anestesistas sin titulación y psiquiatras que firman informes médicos sin haber visto a la paciente. Esto, que podría ser utilizado para escribir el guión de una película gore de serie B, forma parte en realidad de la declaración que un testigo protegido ha hecho en el Juzgado 33 de Barcelona, declaración a la que ALBA ha tenido acceso.

Se destapa el 'negocio' abortista

El tenebroso negocio del aborto se agrieta en España, prácticamente en paralelo a la investigación y denuncia de varios colectivos civiles a favor de la vida sobre las prácticas abortistas en nuestro país. Da igual que uno de los desencadenantes fuera el reportaje de investigación de Sally Hamilton, periodista de una televisión danesa. El hecho es que, tras veintidós años de vigencia de la ley orgánica que despenalizó el aborto en tres supuestos concretos, el “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada” ha convertido lo que eufemísticamente se denomina en la terminología oficial ‘interrupción voluntaria del embarazo’ en un coladero, es decir, en la realidad de un aborto prácticamente libre en España, como ha denunciado el Grupo Intereconomía desde hace años. Buena prueba de ello es el turismo abortista, es decir, los numerosos colectivos de extranjeras que vienen a ciudades españolas a abortar, especialmente a Barcelona y posiblemente Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Baleares, si vemos las estadísticas.

¿Por qué estos viajes desde países donde la legislación es a priori más laxa, por ejemplo de plazos? La respuesta es sencilla: las facilidades para vulnerar la legislación española que han ofrecido centros abortistas situados en España. Las querellas interpuestas han surtido al fin efecto, y por primera vez en más de 20 años, lo repetimos, se han producido redadas policiales y detenciones bajo la autoridad del Juzgado número 33 de lo Penal de Barcelona. La Guardia Civil ha metido los dedos en la terrible cloaca del holocausto de seres humanos ya concebidos y aún no nacidos -bebés, niños-, y se han destapado las trituradoras y las cámaras de los horrores a raíz de declaraciones de testigos protegidos y de chicas traumatizadas a las que nadie alertó. La verdad y la justicia se abren paso.

Semanario Alba